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HOLI, A.99. elaboración de disposiciones



Comisión General de Codificación



codificación y calidad legislativas

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> la codificación en los tiempos de la CORA



> propuestas de mejora de la calidad legislativa
















LA CODIFICACIÓN EN LOS TIEMPOS DE LA CORA









La CORA y la calidad de la legislación

En octubre de 2012 el Consejo de Ministros creó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, “CORA”, quien emitió su informe (texto en PDF) en junio de 2013, conteniendo el apartadoIII. Medidas de carácter general, 3. Codificación del Derecho”

En relación con la comprensión y seguridad de nuestros textos legislativos, el informe constata:

> la legislación duplicada”, haciendo hincapié en la dispersión producida por normativa autonómica, frente a la que recuerda la existencia del “Plan de racionalización normativa” en el marco del programa para garantizar la unidad de mercado, además de la aprobación del Anteproyecto que ha dado lugar a la Ley de garantía de unidad de mercado;

> la mezcla legal”, aludiendo a la práctica de incluir en disposiciones adicionales (o en cualquier ubicación, cabe decir más allá de la CORA) normas que nada tienen que ver con la regulación de que trata la disposición. Se percata la Comisión de una cuestión pertinaz, en todo momento y lugar, de lo que es buen ejemplo la Lex Cecilia Didia, del año 98 a.C.;

> la no exhaustividad derogatoria mediante lista nominativa de artículos y leyes en las nuevas disposiciones;

> la frecuencia de la figura del Real Decreto-ley, modificando las leyes.

La Comisión recuerda que el, entonces Proyecto, de Ley de Transparencia (DA 2ª) contiene previsiones sobre revisión y simplificación normativa y establece la necesidad de que las AA.PP. (sic) lleven a cabo una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de sus ordenamientos (sic) jurídicos; además de encomendar la elaboración de un Plan de Calidad y Simplificación Normativa y la coordinación del proceso de revisión y simplificación normativa.

Acto seguido, el informe expone el sistema británico de fecha en común de entrada en vigor, de modo que toda la normativa relativa a la actividad de las empresas entra en vigor en determinadas fechas ya conocidas; sistema apoyado por la Comisión Europea. La CORA propone que dicho sistema sea implantado respecto de la legislación estatal de modo que se determinará un conjunto reducido de fechas en que entrará en vigor la normativa, con exclusión de la normativa europea (tanto la de aplicación inmediata como la transposición de Directivas), las órdenes de navegación aérea y de circulación, los cambios en los beneficios sociales, así como cualquier regulación que no tenga impacto en la actividad empresarial; asimismo, podrán determinarse excepciones a la aplicación del sistema de fecha común de entrada en vigor, por ejemplo, en el caso de medidas para solventar situaciones de emergencia o medidas que supongan la eliminación de un riesgo o perjuicio grave a la actividad empresarial.

Más directamente relacionado con la codificación (en su sentido amplio de ordenación sistemática), la Comisión considera necesaria, cuanto antes, la elaboración de textos refundidos, referidos a leyes que, además de ser relevantes para cada área de actividad, hayan sido modificadas en numerosas ocasiones y acompañadas de otras disposiciones complementarias. Después de haber solicitado a los ministerios una relación de las leyes a refundir, correspondientes a su área de actividad, propone las siguientes:

A) > Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social;

B) > Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial;

> Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios;

C) > Ley del Mercado de Valores;

> Ley de empresas de trabajo temporal;

> Ley General de la Seguridad Social;

> Estatuto de los Trabajadores

> Ley de Prevención de Riesgos Laborales;

> Ley de Empleo;

> Ley del Estatuto Básico del Empleado Público;

D) > Ley del Deporte;

> Ley de Propiedad Intelectual;

> Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar;

> Ley de aguas;

> Ley de instituciones de inversión colectiva;

> Normativa relativa a las entidades de crédito: Ley 13/1994, de Autonomía del Banco de España; Ley 6/2005, de Saneamiento y Liquidación de Entidades de Crédito; Ley 9/2012, de Reestructuración y resolución de entidades de crédito, entre otras. (este párrafo es transcripción literal del informe)

> Ley de ordenación del comercio minorista.

En resumen, la CORA propone como únicas medidas el sistema de fecha común de entrada en vigor y la elaboración de textos refundidos, señalando específicamente los 17 anteriores.






crítica al informe



La CORA:

> omite un diagnóstico general sobre el estado de descodificación del ordenamiento, de falta de certeza sobre el ordenamiento vigente más en general, y un conjunto de medidas coherente con el mismo.

> incluye medidas ajenas a la “codificación del Derecho”, bajo esa rúbrica, como la fecha común de entrada en vigor que resultarán óptimas como mejora de la seguridad jurídica pero que no alcanzamos a ver qué tienen que ver con la codificación, por amplia que sea la definición que se adopte.

> limita a la técnica de la refundición toda acción ordenadora, codificadora. Esto es, opta por una actuación formalizada, dictando disposiciones, con todo el procedimiento y tiempo que ello conlleva. Esta técnica presenta varios inconvenientes:

>> deja huérfano todo el ámbito de las leyes orgánicas, vedado a la legislación delegada;

>> resulta poco flexible en tanto requiere trámites formales (destaca el solemne dictamen del Consejo de Estado, o equivalente autonómico) que, como referencia, casi siempre se acercan al año de duración. Y como es reiterativamente confirmado, la inestabilidad legislativa no se detiene tras la refundición;

>> introduce un nuevo elemento, sin embargo con solucion técnica, de inseguridad o complejidad, cual es el cambio en la numeración de artículos, divisiones, etc., aunque su contenido quede inalterado. Se dificulta, así, la interpretación en todos los instrumentos jurídicos que aluden a concretos preceptos de la norma refundida, particularmente en lo que se refiere a jurisprudencia y doctrina, inalteradas, por definición, por la mera refundición. Prueba de esta incidencia en el ámbito administrativo es el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cuya entrada en vigor fue conveniente posponer a los tres meses de su publicación, considerando el volumen de personas que intervienen en su aplicación y de documentos, modelos formularios, etc. que debieron modificarse para aludir correctamente a los preceptos correspondientes, sobre todo en el ámbito sancionador.

>> no ahorra el conocimiento de las disposiciones refundidas, por cuanto la validez de la refundición queda limitada en tanto legislación delegada, siento los excesos ultra vires reconducibles por la justicia ordinaria.

Frente a lo anterior:

> La reiterada, veloz y no tecnocráctica, modificación normativa deviene inevitable ante la realidad social, económica y política. Sería ingenuo un intento de frenar la hiperactividad legislativa con argumentos técnicos. Pero sí cabría aspirar a que la forma en esa actividad se lleve a cabo sea con el menor daño para la seguridad jurídica. A estos efectos, la práctica, cada vez más extendida, de introducir regulaciones mixtas, “mezcladas” en términos de la CORA, no es más contaminante que si cada regulación modificadora se incluye en una disposición distinta, no mezclada. Yerra la CORA en el objetivo, que debe ser la forma de la nueva regulación: si esta se produce modificando expresa y literalmente la disposición de referencia en la materia respectiva, incluso añadiéndole preceptos, debidamente ubicados, cuando la reforma lo requiera. La inseguridad jurídica más profunda surge cuando la nueva disposición establece una regulación sin modificar expresamente el texto de la afectada; y el grado de incertidumbre es superior cuando la nueva regulación, con el mismo objeto que la precedente, viene a contradecirla parcialmente, y, en consecuencia, a derogarla en esa medida, siempre sujeta a interpretación.

> Actualmente, la difusión de “textos consolidados” permite la difusión, óptima en línea telemática, de las disposiciones vigentes, con plena certeza siempre que las modificaciones, por abundantes que sean, se hayan efectuado dando la nueva redacción al texto modificado (modificando en sentido estricto, suprimiendo, o añadiendo), Es más, en el excelente modelo del BOE, se mantienen todas esas versiones, y no sólo la vigente en un momento determinado, en una constante actualización, frente a la congelación informativa que supone la refundición.

Lejos de proscribir la técnica del texto refundido por delegación legislativa, debería reconducirse a los casos en que sí aporta valor (simplificación normativa, presentación más sistemática que la precedente y, en definitiva, seguridad jurídica), esto es, cuando lo refundido son VARIOS textos legales independientes, o uno alterado no expresa y literalmente. Es buen ejemplo el de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social que además de incluir más de una ley precedente completa incorpora las previsiones integradas en nuestro ordenamiento por tratados internacionales y actualiza y armoniza el lenguaje utilizado, empezando por el título. Ciertamente, la CORA, como se ve en la relación de textos refundidos recogida arriba, incluye este texto refundido, ya autorizado previamente por el resultado buscado y no como en casi todos los demás textos de la relación, que los es por alusión al ÚNICO texto vigente, síntoma de la diferencia cualitativa entre unas y otras refundiciones. Entre las refundiciones autorizadas también ha aportado gran sistematización la refundición de la Ley General de Seguridad Social la cual ha derogado 5 leyes completas, aparte de múltiples contenidos.

Total, la CORA se muestra muy poco ambiciosa, también respecto a la codificación del Derecho.

Poco ambiciosa y abandonada a la voluntad de cada ministerio. Sólo así se entiende que de los 17 textos propuestos 7 sean de un mismo ministerio cubriendo casi todo su ámbito, y que haya áreas ministeriales ausentes de la relación. Y esa ausencia no se debe al mejor estado de sus áreas, como se puede comprobar por la dispersión normativa de muchas de las rúbricas del índice H.O.L.I. Es otra característica de nuestro sistema de codificación, y de calidad legislativa en general: la dispersión, la falta de cualquier “autoridad central” al respecto. Ni la CORA, ni ningún órgano gubernamental, ha impuesto los propios criterios, por ejemplo a la hora de seleccionar los textos que se debían tramitar.



















información sobre las refundiciones autorizadas



cumplimiento de las propuestas codificadoras



Tres meses después del informe, el 20 de septiembre de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley autorizando las refundiciones pero solamente las 7 referidas en el apartado C) de la relación anterior, añadiendo a los propuestos en el informe la Ley del Suelo. Por otro lado, los textos refundidos referidos en las letras A) y B) de la relación anterior han sido aprobados por los Reales Decretos Legislativos 1/2013, de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social que ya estaba autorizado con anterioridad al informe de la CORA; 1/2015, del medicamento; y 6/2015, de tráfico autorizados por leyes sectoriales

Sin embargo, los 7 textos referidos en la letra D) anterior, no se incluyeron en la ley de delegación. Al contrario, respecto de varios de ellos consta una voluntad contraria a la mera refundición: la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual efectuada por Ley 21/14 (DA 3ª), prevé la “reforma integral de la Ley”; y la protección social de los trabajadores del mar y la de las entidades de crédito, lejos de refundirse han sido reestructuradas, respectivamente, por Ley 47/15 y Ley 10/14, las cuales derogan expresamente las disposiciones que menciona el informe CORA.

En la misma línea que antes decíamos que hacen buenas las refundiciones, el Proyecto mejoró el informe al incluir en las refundiciones textos legales que no han modificado el texto “madre” o principal, sino que han regulado aspectos distintos a la misma pero del mismo sector.

El texto fue enmendado, en Ponencia, para incluir en el perímetro a refundir las disposiciones promulgadas “hasta la aprobación por Consejo de Ministros”, siempre que aquéllas lo hayan previsto. Quiere atender el texto enmendado al vertiginoso ritmo legislativo, pero olvida que existe, al menos, un trámite preceptivo y esencial para los Decretos Legislativos: el informe del Consejo de Estado, cuya omisión invalidaría la disposición aprobada por el Gobierno. También añadió la ponencia (artículo 2, nuevo) la obligación de que los Reales Decretos Legislativos deroguen las normas refundidas “así como de aquellas disposiciones reglamentarias dictadas en aplicación y desarrollo de las mismas que resulten incompatibles con la refundición efectuada”. No entendemos que pueda resultar incompatibilidad alguna entre disposiciones reglamentarias de desarrollo de leyes cuyo contenido, por definición y límite constitucional, NO PUEDE SER INNOVADO por la refundición. Así, no resulta sorprendente que ninguno de los Reales Decretos Legislativos aprobados se pronuncie sobre la derogación de disposición reglamentaria alguna.

La autorización para las refundiciones se contiene en Ley 20/2014, de 29 de octubre.

El plazo para dictar los textos refundidos se estableció en 12 meses, en el trámite de la Comisión con competencia legislativa plena, frente a los 18 meses que señalaba el Proyecto y el informe de la ponencia. Y, como es habitual, el plazo fue apurado.

Pueden verse cuáles son los textos refundidos aprobados en nota a la Ley, en el enlace anterior. Son los autorizados excepto dos (el de ETT y el de prevención de riesgos laborales). La CORA dio por cumplidos sus objetivos meses antes de que se aprobara ninguno de los mismos. No tuvo empacho en decirlo a pesar de que, de los 18 textos, sólo 9 han sido aprobados (un 50 % de incumplimiento, por utilizar la jerga tecnocrática numérica tan habitual en los seguimientos de planes, e informes) y eso incluyendo los textos refundidos ya en trámite cuando se emitió el informe CORA o la Ley 20/2014. Quizás por ello el informe sugería “elaborar” textos refundidos y no llegar a “aprobarlos”.









HOLI, A.99., incluye referencia a las Directrices de técnica normativa



implantación de la fecha en común de entrada en vigor de disposiciones



El sistema sugerido por la CORA, aunque no en los términos de su informe, ha sido recogido por Ley 40/15, con vacatio de un año, al modificar el artículo 23 de la Ley de Gobierno, con el siguiente contenido:

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.

Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respectiva Memoria.”

De entrada, una referencia a las leyes resulta impropia, pues no es una Ley quien sujeta a otra Ley. En realidad, también para disposiciones reglamentarias, la naturaleza de previsiones como esta debería llevar a ubicarlas como Directrices de técnicas, so pena de introducir inseguridad, sobre todo por la discutible excepción acreditada o no en la memoria.

Sobre su contenido, no encontramos motivación de las fechas elegidas, que se suponen pensadas para el comienzo del año o semestre, respectivamente, pero es que el 1 de enero, por festivo que sea, es fecha de referencia para obligaciones que no guardan relación con una actividad laboral.

Tampoco se entiende por qué la claridad y sistematización de las entradas en vigor no ha de alcanzar a actividades no económicas.

Cabría pensar en la proliferación de fechas en común para la entrada en vigor de normas, atendiendo al campo respectivo, así las procesales para el comienzo del año judicial, las educativas al curso escolar, etc., volviendo a prácticas anteriores. Si lo que se teme es el retraso en la entrada en vigor, contra la voluntad política al respecto, que se planifiquen adecuadamente los trabajos normativos.

Desde luego, en coherencia con la naturaleza de mera directriz que mantenemos, el adelanto respecto a la fecha debe entenderse posible siempre que exista causa razonable.

La redacción tampoco es del todo feliz, por cuanto la fecha de entrada en vigor debería ser la siguiente a su publicación y no sólo aprobación, a riesgo de introducir retroactividades proscritas.












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ALGUNAS PROPUESTAS DE MEJORA DE LA CALIDAD LEGISLATIVA

La ordenación sistemática, y manejabilidad, del conjunto normativo, no sólo de cada disposición, mejoraría con propuestas referidas a aspectos hasta ahora abandonados en la práctica, aunque con abundante literatura técnica y con respuestas diversas en Derecho Comparado.






consolidación exhaustiva de los textos vigentes



Una vez que la publicación oficial de las nuevas disposiciones ya es electrónica, deberían irse incorporando todas las disposiciones vigentes en texto consolidado hasta proclamar, al final del proceso, la pérdida de vigencia de lo no mostrado en este formato, como ya ha planteado algún país.

La cuestión no es sencilla, sobre todo en las disposiciones preconstitucionales, profundamente afectadas por modificaciones no expresas o que afecten a competencias autonómicas. Muchas veces, la solución tendrá que venir de una regulación ex novo. La cuestión es particularmente delicada en el caso de normativa en materia actualmente competencia de las Comunidades Autónomas (ejemplo paradigmático, el urbanismo, HOLI, U.42) donde el Estado tiene vedado regular a título meramente supletorio. Sugerimos un método de regulación propio de estados compuestos, basado en convenir normas-modelo, en diálogo y consulta entre las entidades competentes, opcionalmente con apoyo técnico del Estado central, que después son aprobadas libremente. Así, la sucesiva derogación cierta por todas las Comunidades Autónomas permitiría entenderla completa.

Cabría plantearse la presunción prima facie de autenticidad de los textos consolidados publicados oficialmente y, con más problemas, de su vigencia.

La publicación de las disposiciones tiene sentido para “presentarlas” después de su aprobación y, en su caso, promulgación, y es a este efecto al único que se atiende en muchos títulos de disposiciones, que llegan a servir como resumen de la disposición. Pero debe tenerse en cuenta que es más importante el acceso a la información EN CADA MOMENTO, lo que, en términos informáticos, se traduce en búsquedas en bases de datos. Pues bien, la incorporación a medios digitales pero en “formato imagen”, no textual, impide, o al menos dificulta, la búsqueda por medios ordinarios. A pesar de ello, así se hace con algunas disposiciones de mayor extensión.







Directrices de técnica normativa, en HOLI, A.99





HOLI, A.1. disposiciones generales, su publicación, etc



identificación numérica única de las disposiciones



La práctica sobre títulos oficiales de las disposiciones incumple habitualmente las directrices de técnica normativa en cuanto a su brevedad, completitud, etc. Basta ver la cantidad de veces que en los índices cronológicos consignamos alguna observación que amplía o explica el título oficial.

Más objetiva, y por ello menos justificable, es la irracionalidad del sistema de numeración implantado en España en 1959, para Leyes, Decretos-leyes y Decretos, extendido a Reales Decretos Legislativos desde que se caracterizaron separadamente, en 1992, porque no se diferenciaron de los simples Reales Decretos hasta entonces, aunque la figura la implanta la Constitución; y que las Comunidades Autónomas han adoptado miméticamente (FORMA Nº / AÑO, de DÍA Y MES; complicado para las Órdenes ministeriales como luego se dirá, y con la referencia al órgano emisor en algunas Comunidades), prescindiendo de tantos ejemplos del Derecho Comparado, del que tomamos las ideas que siguen. Si nunca permitió la fácil lectura y referencia de disposiciones, el tratamiento informático evidencia las redundancias, ruido y dificultades que ese sistema supone.

Desde luego, en un mundo digital, la identificación numérica resulta imprescindible, por lo que el sistema que se aplique debe extenderse a todos los rangos, es decir también los inferiores a Orden, y ámbitos. es decir también a las disposiciones de órganos constitucionales y entidades reguladoras.

El sistema de numeración debería ser único, suprimiendo el absurdo, por innecesario y molesto al buscar en bases de datos, añadido sobre el ministerio emisor, con denominaciones cambiantes, que tienen las Órdenes ministeriales en el sistema implantado para ellas en 2002. Tampoco vemos problema relevante en que los órganos constitucionales y entidades reguladoras, cuyas disposiciones reglamentarias deben publicarse como las del Gobierno. Como ejemplo, el sistema de numeración de los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial debería ceder en favor del general, igual que ya lo son los Reales Decretos que dan forma a algunos de sus actos. En nada se resiente su independencia. Respecto a las entidades que tienen la capacidad de publicar oficialmente disposiciones (Comunidades Autónomas, provincias), el sistema sólo podría extenderse si lo aceptasen en ejercicio de sus competencias y con su participación en la elaboración, mantenimiento y actualización del mismo. Buen ejemplo este sistema es la implantación, a partir de 2015, de un número secuencial único, para los actos legislativos de la Unión Europea.

La numeración, y el título, deberían ser suficientes, prescindiendo de la fecha en la denominación oficial, sin perjuicio de su valor informativo, a cuyo efecto, informáticamente, ocuparía un campo diferenciado.

El número debería ser correlativo, sin reiniciar la serie cada año.

La numeración debería ser única para todas las formas y rangos de disposiciones. Ello referido a cada publicación, cada diario oficial. En el caso del BOE, no tendría por qué surgir ningún problema en la asignación del correspondiente número, por incluir su gestión la numeración de las leyes.

Sería conveniente ceñir la serie numérica a las disposiciones generales publicadas con este carácter, no así a los actos que adoptan las mismas formas que disposiciones reglamentarias, Decreto, Orden..., que podrían seguir una serie diferenciada. Se trata de evitar una inflación numérica, obteniendo números manejables.

La implantación del nuevo sistema, a partir de un inicio de año, podría evitar cualquier equivocidad sobre a qué sistema corresponde comenzando por un número más alto que el más alto asignado hasta ahora (a un Real Decreto)






identificación alfanumérica discontinua de las divisiones y el articulado



Actualmente, lo habitual es que las divisiones y subdivisiones de cada disposición se numeren (ordinal o cardinalmente) de forma continua en el momento de la publicación inicial de la disposición, dejando vacías numeraciones sólo en caso de supresiones o derogaciones e introduciendo números bis en el caso de introducciones o añadidos intermedios.

Ese sistema es manifiestamente mejorable de cara a la introducción o adición de preceptos intermedios, evitando numeraciones bis elevadas o, incluso, la alteración de la estructura de una disposición por “escasez” de números; ejemplo extremo de esto lo constituye la LO 4/13 la cual modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial alterando, forzadamente, la ubicación de lo relativo al Consejo General del Poder Judicial. También se manifiesta lo defectuoso del sistema con ocasión de las reformas generales, o refundiciones, en que se acaba modificando la numeración de preceptos y divisiones no alterados en su contenido.

Así, la numeración no aporta, en principio, información útil sobre la ubicación sistemática de un precepto o división.

Frente a eso, cabría seguir el ejemplo del U.S. Code estadounidense, de introducción de un sistema alfanumérico de identificación, discontinuo como el del Código Civil de Cataluña (el cual ha permitido, por ejemplo, la aprobación de sus diferentes partes con independencia del orden en que se han de ubicar). De forma análoga al sistema de notación del índice H.O.L.I. cada conjunto de cifras, letras y caracteres, señalaría el concepto a que corresponde, desagregando cada disposición y, en definitiva, el ordenamiento total. Además de proporcionar información significativa sobre la ubicación sistemática del respectivo precepto, este sistema permite una gran estabilidad en la numeración de los contenidos materialmente homogéneos, a la vez que toda la flexibilidad deseable respecto a su modificación y actualización. En la propuesta de Código Mercantil, en la fase de anteproyecto, también se utiliza una numeración discontinua, aunque sin aprovechar todas las potencialidades del sistema.








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